15 de septiembre de 2025. El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Rodrigo Serrano, reconoció que su hija está nombrada en esa casa de estudios como personal administrativo y que percibe un salario superior a los mil dólares. La admisión se produjo en medio de denuncias públicas sobre la existencia de clanes familiares y presuntas prácticas de favoritismo dentro de la institución.
El reconocimiento de Serrano se dio en declaraciones difundidas en los últimos días, sin que precisara el procedimiento de contratación de su hija ni si se inhibió de cualquier decisión relacionada con ese nombramiento. Tampoco detalló si se adoptarán medidas correctivas o si el caso será objeto de una investigación interna o administrativa.
Contexto y cuestionamientos
Las denuncias sobre posibles clanes familiares en la UNACHI han reavivado el debate sobre los límites del conflicto de interés y las obligaciones de transparencia en las instituciones públicas. Aunque el decano confirmó el vínculo laboral y la remuneración, no ofreció información sobre criterios de selección, concurso o evaluaciones que sustenten el puesto, aspectos que suelen ser centrales en la revisión de posibles situaciones de favoritismo.
La situación coloca bajo escrutinio la gobernanza universitaria y los procesos de gestión de personal en la sede de Chiriquí, al tiempo que genera inquietud en la comunidad académica y entre egresados y ciudadanos que demandan estándares claros de meritocracia y rendición de cuentas.
Lo que sigue
Hasta el momento, no se han anunciado auditorías internas ni revisiones específicas sobre el caso. De abrirse un proceso, este podría enfocarse en verificar el cumplimiento de los procedimientos de contratación, la existencia de salvaguardas frente a conflictos de interés y el registro de actuaciones de las autoridades con capacidad de decisión.
Mientras tanto, el episodio añade presión para fortalecer los mecanismos de transparencia, publicar de forma proactiva información sobre nombramientos y salarios, y garantizar que los órganos universitarios competentes —como los consejos y las unidades de talento humano— cuenten con protocolos que prevengan y sancionen prácticas de favoritismo.
