El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 21-25 que subroga la Ley 9 de 1994 y propone una modernización integral de la Carrera Administrativa en Panamá. La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, será remitida a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.
Transformación institucional y objetivo de la reforma
El proyecto crea el Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito a la Dirección General de Carrera Administrativa y al Ministerio de la Presidencia, con autonomía técnica y funcional. Según el Ejecutivo, su misión será garantizar la profesionalización, la transparencia y la eficiencia en la gestión del recurso humano del sector público, reforzando un sistema basado en el mérito.
Diagnóstico y brechas en el servicio público
De acuerdo con el diagnóstico presentado, solo el 5% de los funcionarios —13,086 de un total de 260,000— cuenta actualmente con estatus de Carrera Administrativa. Además, el 87% de los servidores que ocupan puestos de carrera no posee reconocimiento formal, situación que limita las evaluaciones y los procesos de ascenso. La reforma busca corregir estas inequidades, consolidar la estabilidad laboral y asegurar que el ingreso y la movilidad se rijan por criterios objetivos.
Medidas clave del proyecto
Entre las acciones contempladas destacan:
– Concursos públicos rigurosos para el ingreso y la movilidad en la administración pública.
– Implementación de un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado para unificar y transparentar la gestión del personal.
– Un sistema moderno y universal de evaluación del desempeño, orientado a resultados.
– Garantía de permanencia en el servicio público basada en mérito, desempeño y aporte al interés general.
El texto incorpora principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, con el objetivo de fortalecer la profesionalización del Estado y la confianza ciudadana.
Participación interinstitucional y consultas
La propuesta recoge aportes de la Mesa Técnica Interinstitucional, con participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia.
Asimismo, incluye insumos de las mesas convocadas por el diputado Roberto Zúñiga, en las que participaron organizaciones como FENASEP, CONATO, la Universidad de Panamá y la Cámara de Comercio. Según el Ejecutivo, el diseño del proyecto apunta a cerrar la puerta a prácticas clientelistas y a los nombramientos políticos.
Próximos pasos y efectos esperados
Tras su aprobación en el Consejo de Gabinete, el proyecto de ley 21-25 será enviado a la Asamblea Nacional. De ser aprobado, el nuevo marco normativo buscará ordenar el acceso, la permanencia y la movilidad en el servicio público bajo estándares de mérito y evaluación objetiva, con efectos en la estabilidad laboral, la gestión del talento humano y la eficiencia institucional.
