MP presenta proyectos para fortalecer lucha anticorrupción
Ciudad de Panamá, 14 de septiembre de 2025. El Ministerio Público presentó ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley —una Ley General Anticorrupción y reformas al Código Penal— con el objetivo de ampliar sus herramientas para investigar delitos de corrupción cada vez más complejos y vinculados a estructuras criminales. La fiscal Grisel Mojica dio a conocer los detalles en el programa Radar.
Según Mojica, el marco procesal vigente y la exigencia de un informe previo de la Contraloría General de la República, establecida en la Ley 59 de 1999, dificultan abrir investigaciones por enriquecimiento injustificado. Actualmente, el Ministerio Público tramita alrededor de 4,000 causas por delitos contra la Administración Pública —entre ellos peculado, blanqueo de capitales y retención de cuotas obreras—, en un contexto en el que el temor de víctimas y testigos a denunciar limita la recopilación de pruebas.
Principales cambios propuestos
Las iniciativas buscan introducir libertad probatoria para que, además del informe de la Contraloría, se puedan usar auditorías internas, peritajes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y dictámenes de expertos contables universitarios como punto de partida para las investigaciones.
También se plantea integrar en una ley anticorrupción las técnicas especiales de investigación —como interceptaciones de comunicaciones y operaciones encubiertas—, de modo que su aplicación quede garantizada en casos complejos aunque no estén formalmente vinculados al crimen organizado.
En materia de acuerdos de pena con personas jurídicas, se proponen garantías para el cumplimiento efectivo de los pagos acordados, a fin de evitar escenarios de impunidad por incumplimientos posteriores.
Los proyectos refuerzan la protección de denunciantes y testigos, aspecto que el Ministerio Público identifica como una limitante central para avanzar en investigaciones sensibles.
Para la recuperación de activos, se prevé ampliar la cooperación internacional y obligar a los bancos a conservar información por períodos más largos, con el fin de facilitar la localización de bienes sustraídos que suelen terminar en el extranjero.
Otra medida busca inhibir que exjueces o exfiscales actúen como defensores en procesos de alto perfil que hubieran conocido durante su gestión, con el objetivo de evitar conflictos de interés.
En cuanto a sanciones, se propone aumentar penas y ampliar plazos de prescripción. Como ejemplo, se elevarían las sanciones para los llamados “botellas”, que pasarían de multas leves —de 150 a 300 días— a penas privativas de libertad de 4 a 6 años.
Asimismo, se contempla obligar a las entidades públicas afectadas a constituirse en querellantes, de modo que colaboren activamente con el Ministerio Público y faciliten la recuperación de bienes.
Contexto, impacto y próximos pasos
De ser aprobadas, las reformas modificarían la manera en que se inician y conducen las investigaciones por corrupción, con efectos prácticos en la obtención de pruebas, la protección de informantes y la trazabilidad de activos. Según la fiscal Mojica, estos cambios apuntan a hacer más eficaces las pesquisas en un entorno de delitos sofisticados y transfronterizos.
La funcionaria llamó a la ciudadanía a ejercer control sobre la gestión legislativa en la Asamblea Nacional y a respaldar las iniciativas, al subrayar que la corrupción desvía recursos destinados a educación, salud y agua. Advirtió que, sin un marco más robusto, la complejidad de los casos y el miedo a denunciar seguirán limitando la efectividad del combate a la corrupción.
Los proyectos ingresarán al trámite legislativo correspondiente, etapa en la que podrían incorporarse ajustes en comisiones y durante el debate en el pleno.
Nota de redacción: esta información fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.
